Del total de municipios gobernados por mujeres en México, sólo el 35.5% han tenido más de una presidenta municipal.

En México aún hay mucho que hacer para eliminar la violencia política contra las mujeres y garantizar su participación en términos de igualdad, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La también integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso refirió que un valor y práctica esenciales en la consolidación de la democracia en nuestro país, es el de la equidad de género, que implica erradicar prácticas de exclusión, discriminación y violencia contra las mujeres.

“Pese a los avances que se han tenido es una realidad que las mujeres se encuentran subrepresentadas en el ejercicio del poder, en donde aún existen grandes dificultades para que las mujeres accedan y que van más allá de sus capacidades y gran potencial”.

Hizo mención que en México el 43% de los municipios han tenido al menos una presidenta municipal desde 1947, año en que se reformó la Constitución Política de México para reconocer como ciudadanas a las mujeres y que pudieran votar y ser votadas.

Tomando como referencia los datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la legisladora refirió que del total de municipios gobernados por mujeres en México, sólo el 35.5% han tenido más de una presidenta municipal: 271 en dos ocasiones, 84 en tres, 18 en cuatro, dos en cinco, y otros dos seis veces.

“Es necesario caminar juntos en la eliminación de toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los espacios de representación y participación de las mujeres en la vida pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria”.

La diputada por el Distrito de Pátzcuaro apuntó que no obstante que ante la ley todos somos iguales, la realidad genera diferencias empleadas para justificar la desigualdad bajo el argumento de que por naturaleza, según su sexo, las personas deben ser tratadas de diferente manera, abonando así a que los derechos de las personas adquieran una connotación en virtud de quién pretenda ejercerlos.

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