Estados financieros e inventario de bienes serán sometidos a revisión.

Morelia, Michoacán, 7 de septiembre de 2017. Conforme al Decreto de extinción del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de agosto, este día quedó instalado formalmente el Comité de Liquidación de dicho órgano.

 

De acuerdo con el ordenamiento, participaron en el inicio de los trabajos –previa acreditación-, Jesús Sierra Arias, secretario ejecutivo del Consejo; J. Aquiles Gaitán Aguilar y Elías González Ruelas, secretario de administración y contralor interno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, respectivamente; Pascual Sigala Páez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local; Sergio Mecino Morales, consejero jurídico del Poder Ejecutivo; y José Luis López Salgado, auditor superior de Michoacán.

 

Para dar inicio al proceso de extinción, los integrantes del Comité recibieron -de manera ordenada y de acuerdo a lo que establece la normativa- el inventario de bienes, así como los informes y estados financieros del proceso de liquidación del Consejo; lo anterior, para ser sometidos a la revisión de los auditores que designe la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Interna del Poder Judicial.

 

Es importante señalar que el secretario de administración en conjunto con el secretario ejecutivo, son los responsables de realizar toda acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación, estableciendo las bases para llevarla a cabo de una manera eficaz, eficiente, transparente y con la adecuada protección del interés público y la rendición de cuentas.

 

Una vez instalado el Comité se inicia el proceso de liquidación, para el cual contarán con tres meses. En ese tiempo se realizarán los pagos de pasivos pendientes hasta su total liquidación conforme a los compromisos previamente adquiridos, se realizará la devolución del recurso sin ejercer y finalmente, se levantará el acta que establezca la extinción plena y legal del organismo público.

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