Se dota a la ASM de más facultades y herramientas, para el control de los recursos públicos.

Morelia; Michoacán, 10 de julio de 2017.- Las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, aprobaron un paquete de 3 dictámenes que serán presentados en la sesión del próximo miércoles ante el Pleno, para su discusión y en su caso aprobación, con lo cual, el estado de Michoacán se colocará a la vanguardia a nivel nacional, al completar en tiempo y forma, las reformas necesarias para establecer el marco normativo que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

En reunión de trabajo los diputados Mario Armando Mendoza, Ángel Cedillo, Rosa María de la Torre, Mary Carmen Bernal, Pascual Sigala, Carlos Quintana, Andrea Villanueva, Nalleli Pedraza, Belinda Iturbide, Xóchitl Ruiz, Macarena Chávez, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Miguel Ángel Villegas, Daniel Moncada y Ernesto Núñez, presidente e integrantes respectivamente del Grupo de Trabajo Plural para el estudio, análisis, elaboración y formulación del proceso legislativo para la instauración del SEA,  aprobaron los dictámenes con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Fiscalización Superior, así como del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Previamente, en una sesión anterior el Congreso del Estado aprobó un primer paquete de reformas con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; la Ley de Responsabilidades Administrativas; así como reformas a diversas disposiciones del Código Penal, y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, en las que se establecen los principios, bases generales y de procedimiento para garantizar que los órganos del estado cuenten con un Sistema Estatal que prevenga, investigue y sancione las faltas administrativas, así como los actos y hechos de corrupción, peculado, desvío de recursos públicos, desacato, obstrucción de la justicia, entre otros, que puedan ser cometidos por servidores públicos.

Con la aprobación en Comisiones Unidas del segundo paquete de reformas, se garantiza la transparencia y rendición de cuentas, con ordenamientos que permitirán dar un gran paso en el combate a la corrupción a través de la coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno, las instancias gubernamentales, y con la participación de la sociedad civil.

En ese sentido, se reforma la Ley de Fiscalización Superior para dotar al órgano superior de fiscalización de más facultades y herramientas de investigación que permitan un mayor control y claridad en el uso de los recursos públicos. Para tal efecto, la Auditoría Superior podrá realizar diversas auditorías: legal, de cumplimiento financiero, presupuestaría, de desempeño, de inversiones físicas, forense e integral, en forma independiente, sucesiva o simultánea, sin perjuicio de las que sean necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones.

De igual forma, se reforma el Código de Justicia Administrativa para determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento, del Tribunal encargado de juzgar los actos de corrupción que investiguen las autoridades, para lo cual, contará con dos magistrados especializados que conocerán de responsabilidades administrativas por faltas graves de los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas graves.

Asimismo, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, para dar atribuciones a la Contraloría para vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los Órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

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