No podemos seguir permitiendo la práctica de la tortura ni la violencia: Ángel Cedillo
El legislador por el distrito de Uruapan Norte, apuntó que la tortura se mantiene como una práctica habitual y en tenor con la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico.
Morelia; Michoacán, 18 de enero de 2018.- En México no podemos seguir permitiendo la práctica de la tortura ni la violencia, que afectan la dignidad e identidad de las personas apuntó el diputado Ángel Cedillo Hernández, presidente de la Comisión de Justicia de la LXXIII Legislatura local.
El legislador por el distrito de Uruapan Norte, apuntó que la tortura se mantiene como una práctica habitual y en tenor con la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico, se ha desatado un incremento alarmante, a pesar de medidas adoptadas y la atención a las recomendaciones sobre la materia.
Refirió que la Comisión Ejecutiva Estatal de Victimas, a partir del 2015 ha recibido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 128 recomendaciones de las cuales el 42 por ciento, es decir 53 recomendaciones se refieren al delito de tortura.
“No podemos seguir permitiendo la práctica de esta actividad clandestina que afectan la dignidad e identidad de las personas, además de trasgredir la integridad física y psicológica de la víctima, que en ocasiones los lleva al límite entre la vida y la muerte, dejándole un daño irreparable que después de este suceso no le permitirá ser el mismo de antes”.
Para el legislador y presidente de la Comisión de Justicia dijo que “esta práctica violenta, deja de igual manera un daño psicológico a las familias, quienes viven con miedo y terror, por la inseguridad”.
“Es necesario que por parte de todos los niveles de gobierno haya voluntad para combatir este delito, que deje de ser utilizada la tortura como un medio de control de la sociedad, ya que se trata de un delito que conforme avanza el tiempo, crece en crueldad”.
Ángel Cedillo reconoció que el Congreso del Estado debe garantizar a través de la creación e implementación de un sistema jurídico que garantice la seguridad, y no sólo refrendar el compromiso con las decenas de víctimas y familias que ha padecido de este mal social.
