Propone reformas a las leyes ambientales del estado para promover el uso de energías verdes en territorio michoacano.

En México como en el resto del mundo se ha convertido en una obligación garantizar las condiciones mínimas para el fomento, desarrollo, inversión y utilización de energías limpias, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Este miércoles la legisladora presentó una iniciativa para reformar las leyes de Responsabilidad Ambiental para el Estado, de Cambio Climático del Estado, y la Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado, para que sea obligación de la autoridad promover el uso de energías limpias en territorio michoacano.

“El desarrollo de energías verdes trae un enorme impacto sobre la economía y la vertebración social; en el caso de Michoacán se cuenta con los recursos necesarios para expandir su producción impulsando rubros como el aprovechamiento y generación de biomasa, biodiesel, bioenergía, energía geotérmica, energía hidroeléctrica y otras fuentes renovables y limpias de energía”.

Recordó que las energías renovables han ido sustituyendo paulatinamente a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, principalmente en cuanto a mercados que abarcan la generación de electricidad, aplicaciones térmicas (calor para procesos industriales, calefacción, refrigeración y producción de agua caliente en el sector doméstico), carburantes para transporte, y servicios energéticos sin conexión a red en el ámbito rural.

Como beneficios de las energías renovables enlistó su contribución al desarrollo social y económico; favorecen el acceso a la energía; contribuyen a la seguridad del suministro de energía; reducción de efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud.

Miriam Tinoco Soto refirió que la alineación del marco jurídico local con el nacional es de suma importancia, así como acoplar nuestra legislación interna en el tema de las energías limpias y renovables, que den certeza legal en este rubro y obligue al Estado en cuanto al mejoramiento de las condiciones para su utilización en beneficio de las y los michoacanos.

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