Niña de 13 años da a luz en un hotelucho de Morelia.
Por Martha Elba Torres Martínez
MORELIA, Mich., 26 de septiembre 2017.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio y emitió ya medidas cautelares en torno a la menor “Luz”, de tan solo 13 años de edad, con 40 semanas de embarazo y que terminó dando a luz, sin que se haya aplicado el mecanismo de la Norma Oficial Mexicana 046 que obliga al personal médico notificar a las autoridades de un hecho de esta naturaleza.
El pasado 22 de septiembre, distintos medios informativos dieron cuenta en sus espacios de nota roja, que una menor de edad, “quien estaba embarazada y a punto de dar a luz, fue auxiliada por paramédicos de la Unidad del Restablecimiento de Orden Público (UROP). La muchacha tuvo una bebita; la salud de ambas pacientes es buena, indicaron las autoridades”.
“La mencionada situación sucedió la tarde de este viernes (21) dentro de un inmueble que tiene en la fachada la leyenda “Casa de huéspedes Ponce”, localizado en la calle Manuel Muñiz, casi frente a la calle Ocampo, en el Centro Histórico de Morelia.
“De acuerdo con los datos obtenidos, la ahora joven madre responde al nombre de Luz María P., habitante de dicho lugar. Trascendió que la pareja sentimental de Luz, y padre de la recién nacida, es un sujeto de 56 años de edad, quien al conocer que la muchacha entraba en trabajo de parto optó por abandonarla a su suerte.
“Fueron unos vecinos quienes pidieron apoyo al número de emergencias, sin embargo en ese momento no había ambulancias disponibles, entonces acudieron los Técnicos en Urgencias Médicas de la UROP, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mismos que atendieron a Luz y a la criatura.
“Al final se constituyeron los elementos de la Cruz Roja (CR), los cuales se encargaron de las dos menores y las canalizaron a diferentes hospitales. Se espera que las instancias competentes investiguen el caso”.
Pero nunca se investigaron.
Extraoficialmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que todavía este martes 26 –que precisamente se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes- no había sido notificado por lo que no existía carpeta de investigación.
Al acudir esta reportera ante la CEDH a presentar la queja ciudadana ante la brutal omisión de las autoridades que tuvieron conocimiento del caso con la aplicación de la NOM 046 que las y los obliga a notificar inmediatamente al Ministerio Público para que investigue en torno a un caso que
puede configurar delitos desde el rapto y violación de una menor, hasta trata de infantes, el ombudsman ya había procedido desde el lunes 22 con la queja de oficio.
Marco Vinicio Garibay, visitador Regional de la CEDH, explicó que intervino el organismo, precisamente por la categoría de minoría de edad. Una niña de 13 años que da a luz, más allá de las circunstancias que la autoridad deberá investigar.
“Se ha emitido las medidas cautelares a la procuradora de la defensa de las niñas y niños en el estado, porque es quien debió asumir la representación de la menor en tanto se localizaban a los familiares o tutores; a la Secretaría de Seguridad Pública para que informe sobre las circunstancias en las cuales tuvo conocimiento de este evento, qué reportó y a quién reportó; a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que ve a la protección de los derechos de las dos víctimas –la madre y la neonata- y a la Secretaría de Salud a efecto de que se les brinde toda la atención, médica, psicológica y hospitalaria que requieran”.
Todo ello, en el ámbito de posible violación de derechos a las niñas, niños y adolescentes; a los de las mujeres a una vida libre de violencia, que no hay distinción y relación a la edad; también sobre los derechos a la seguridad jurídica, ya que las menores deben tener la protección del Estado para que el proceso que se siga a través de la investigación que la Procuraduría lleve, pueda determinar si hay responsabilidades de personas, que se haga en los términos legales y con la prontitud que se requiere.
Las autoridades que ya fueron notificadas por la Comisión, tendrán 24 horas para aceptar las medidas y atendiendo la naturaleza le ha dado 72 horas más para presentar sus informes.
Pero el caso que no se aplica la Norma ni las leyes de protección a las y los menores. A nadie le importa.
-Al margen del supuesto de la posible emancipación de algunas de ellas, menores de 18 mayores de 16, desde luego que cualquier autoridad que tenga contacto con un hecho de esta naturaleza obligadamente debe reportarla. Lo malo es que precisamente hayamos tenido que llegar a un evento como el de la pequeña “Luz” para ahora sí, obligar a que se cumpla la Norma.
Se hacen tarugos
En un contexto de violencia generalizada y pérdida de valores, el embarazo en niñas y adolescentes es tolerado y hasta solapado, por las propias familias y su entorno, así como por las autoridades que no aplican las normas de protección a los derechos, en este caso, de las niñas y adolescentes.
Pero para el InMujeres, no solo es un grave problema de salud pública que pone en riesgo la vida y su propia integridad, sino constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional que limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades. Durante el año 2015, en México 416 mil 153niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se convirtieron en madres, de ellas, 10 mil 277 tenían entre 10 y 14 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El embarazo en las niñas y adolescentes menores de 15 años es un problema que debe ser erradicado porque indica abuso, violencia y porque la afectación en su salud y en su bienestar es
grave. Además, la tolerancia a que las niñas sean madres es inaceptable porque ese hecho implica que ellas enfrenten barreras para el ejercicio de sus derechos como el acceso a la educación y mejores oportunidades de desarrollo. También, refuerza la reproducción de roles de género que pueden ubicar a la niña solo como cuidadora y madre sin darle perspectivas diferentes para su vida.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) representa una respuesta multisectorial, mediante un mecanismo de coordinación interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno, y alineada a los objetivos estratégicos nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales y a la legislación nacional e internacional. Tiene como objetivo reducir la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años al 50% y eliminar el embarazo en mujeres menores de 15 años para el año 2030.
Entre los objetivos específicos que se plantean están promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes, crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad, incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos. La ENAPEA se instrumenta con criterios de intersectorialidad, de derechos humanos, de perspectiva de género y de corresponsabilidad.
