Protocolos de actuación para impartidores de justicia fomentan cultura del respeto a los derechos humanos, coinciden especialistas
Poder Judicial de Michoacán y Suprema Corte de Justicia de la Nación presentan protocolo de actuación en casos que involucren a personas migrantes.
Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2017. Como parte de las acciones encaminadas a aportar a la sensibilización de servidores públicos de áreas jurisdiccionales y administrativas en materia de derechos humanos, se presentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional.
El evento académico, realizado en el Palacio de Justicia del Centro Histórico, se organizó de manera conjunta entre el Poder Judicial de Michoacán y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Casa de la Cultura Jurídica en Morelia “Felipe Tena Ramírez”.
En él participaron Teresa Da Cunha Lopes, investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Elsa Eliuth Gurrola Ibarrola, delegada federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Michoacán y Pedro Ramírez Martínez, magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Durante su intervención, Da Cunha Lopes señaló que México ha robustecido el marco normativo en materia de derechos humanos, los cuales permean en el fenómeno migratorio y que la creación de este protocolo es un ejemplo del trabajo realizado por las instituciones involucradas en la impartición y administración de justicia para salvaguardar los derechos fundamentales de la población migrante.
Agregó que este protocolo, editado por la SCJN, resalta la importancia de contar con traductores e intérpretes para garantizar el acceso a la justicia de quienes se encuentren inmersos en un proceso judicial y hablen una lengua diferente al español.
Por su parte, Elsa Gurrola Ibarrola apuntó que el documento contribuye a que los servidores públicos que atienden asuntos migratorios tengan un mejor desempeño en sus responsabilidades y, con ello, dar mejor atención a la ciudadanía. Asimismo, reconoció que el estudio de éste y otros protocolos, propicia a reflexionar y crear conciencia en el tema.
El magistrado Pedro Ramírez refirió que el texto robustece la doctrina jurídica respecto de la cultura de los derechos humanos, “en él se encuentran ordenamientos nacionales e internacionales que son una herramienta valiosa para quienes imparten justicia”.
Finalmente, comentó que derivado de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, se ha dotado a los juzgadores del país, así como a otros operadores jurídicos, de los instrumentos normativos necesarios para cumplir con la defensa de los derechos de las personas y con el debido proceso en las diferentes actividades procesales.
