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El agua ya no es patrimonio social

México se ha quedado sin agua; llegar a los acuíferos que tardaron cientos de miles de años en llenarse

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

México se ha quedado sin agua; llegar a los acuíferos que tardaron cientos de miles de años en llenarse, ahora es más difícil, así que inició el pleito por el líquido, tal y como ya se dejaba ver desde 2022. Los cauces y depósitos que la naturaleza formó son constantemente modificados para hacerlos llegar a los grandes asentamientos urbanos o bien para satisfacer las necesidades de empresas que requieren de agua para continuar con sus actividades mercantiles.

Las ciudades están creciendo, junto con su población; a la par, las actividades económicas necesitan del vital líquido para no verse frenadas, y en este panorama quienes más sufren son los habitantes del país, que en pleno estiaje no tienen ni para satisfacer sus necesidades elementales. Como muestra, baste recordar que durante 2022 los habitantes de Monterrey literalmente se quedaron sin agua, algo que hoy por hoy se está repitiendo en distintas entidades.

Este panorama ya se vislumbraba desde hace un lustro: el 5 de junio de 2018, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el entonces presidente Enrique Peña Nieto firmó al menos 10 decretos que permitieron modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas hídricas del país, las que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.

Con la firma de esos diez decretos se modificó el estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en México. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país, no poca cosa si se considera que por ejemplo la cuenca del valle de México ya enfrenta serios problemas de agua, la que incluso se tiene que llevar desde diversos estados de la república para satisfacer las necesidades de más de 20 millones de personas.

La polémica giró en torno a que con esa aprobación (que por cierto no modificó el artículo 4º de la Constitución, que garantiza un ambiente limpio para todos los mexicanos puesto que no pasó por el Congreso) se eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en dichas cuencas, presumiendo que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los siguientes 50 años.

Lo que no se tomó en cuenta

El día de la firma, la World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza), organización no gubernamental internacional, aplaudió la decisión del ejecutivo; según el presidente de esa ONG en México, Jorge Rickards, “estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobreexplotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.

Pero para la coalición Agua para Todos, en voz de uno de sus integrantes, Pedro Moctezuma Barragán, los diez decretos abrieron la puerta para que 55 por ciento del vital líquido fuera utilizado para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

La citada coalición, en un primer análisis de la decisión ejecutiva de Peña Nieto, la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, destacó que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.

Una de las autorizaciones permitió los trasvases de agua de una cuenca a otra, según explican los especialistas, lo que constituye uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de “desarrollo”, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas, como es el caso del Sistema Cutzamala.

De igual manera, hoy por hoy está permitido el otorgamiento de volúmenes a cualquier entidad elegible a ser titular de una asignación, lo que incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, como lo son la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX. Según la coalición, los decretos podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron”.

Es claro que hubo reacciones a favor del decreto, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua, desde donde se argumentó que era falso que con la firma de los decretos se fuera a privatizar el agua. En distintos escenarios, se admitió que fueron realizados otros decretos que suprimieron la veda para el otorgamiento de concesiones y asignaciones en varias cuencas hidrológicas del país, pero que eso no fue privatizar ni significó “morir de sed”; por el contrario, sostuvieron que se facultó a los estados por parte de la federación a realizar el control y aprovechamiento de los excedentes de agua en esas cuencas hidrológicas.

Sin embargo, lo que hoy vemos es que la ciudadanía en general literalmente cuenta las gotas que salen de sus llaves de agua y en ningún momento se ha observado que les falte el líquido a grandes empresas o industrias.

Conflicto por sequía anunciada

En lo decretos ya citados, no se incluye que la ley actual no ha sido modificada desde su creación en 1912 y que en ella no se contempla el contenido que existe en el país de agua subterránea, algo que no se descarta sea considerado en futuros decretos.

Hasta ahora se ha privilegiado con el vital líquido subterráneo a industrias como la refresquera, la automotriz y minera, lo que ha traído graves consecuencias para la nación, tal como advirtieron hace 5 años investigadores y especialistas de diversas áreas de la UNAM.

De acuerdo con los investigadores, la reforma “no incluyó un esquema claro de gestión para el agua subterránea” y lo que hoy se pretende es dar continuidad a las reformas estructurales que impulsa el gobierno federal por “la privatización de la infraestructura, la entrega de concesiones a perpetuidad, la autorización de los trasvases, así como la entrega de grandes volúmenes de agua subterránea para actividades altamente contaminantes, como el fracking y la minería”.

El grupo multidisciplinario integrado por Carmen Carmona, Joel Carrillo, Rafael Huizar y Gonzalo Hatch, todos ellos del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia de la UNAM, hicieron hincapié en que no se puede hablar en la actualidad de pérdidas en volúmenes hídricos de las aguas subterráneas, puesto que no hay un estudio que delimite claramente su dimensión o su uso, lo que lógicamente deviene en una anarquía plena en su usufructo.

Un problema claro es el de los pozos, porque ahora “cualquiera puede abrirlos, dado que no hay regulación sobre ellos ni quien lo controle, así que no se sabe cuántos pozos existen en el país” (aunque la Comisión Nacional del Agua es el organismo que debería tener a su cargo esta tarea de conteo), al igual que se desconoce la calidad del agua que se extrae de esta forma; sorprendentemente, se ha llegado a niveles hídricos que se estima tienen un millón de años de antigüedad.

Pero lo que sí existe son las consecuencias, pues son notorios los efectos inmediatos en la población a causa de la evidente contaminación que está relacionada con el consumo de alimentos o bien materiales pesados como el arsénico o el flúor cuyo depósito a aguas subterráneas ha sido reiteradamente denunciado por investigadores de la Universidad Michoacana.

Quitan a unos y dan a otros

No sólo en México, sino en diversas partes del mundo, la utilización a discreción del agua siempre ha favorecido a quienes tienen el poder económico para obtenerla; un ejemplo de ello sería el Valle de California, en Estados Unidos, donde mediante represas y modificación de los cauces de ríos, se propició el crecimiento de los grandes campos de cultivo desde Los Ángeles hasta San Francisco, sin observar que los grandes perjudicados fueron los ciudadanos radicados en toda la zona, quienes se ven precisados a racionar el líquido.

Por lo que corresponde a México, desde mediados del siglo pasado era evidente que la capital del país concentraría a la mayor parte de la población de la nación, así que a inicios de los años cuarenta, las autoridades federales comenzaron a buscar alternativas técnicas para la gestión de los recursos hídricos en la ciudad de México, el estado de México y Michoacán y una de las propuestas fue la posibilidad de efectuar un trasvase desde otras cuencas hidrológicas.

En los años 50 y 60, la extracción del agua subterránea se magnificó, y el crecimiento natural y social de la población rompió el equilibrio hidrológico de la cuenca del Valle de México, que poco a poco se iba quedando sin agua. La concentración demográfica, aunada al proceso histórico de desecación y al nulo aprovechamiento de las aguas pluviales, requirió la búsqueda de alternativas de abastecimiento para la ciudad.

Por otra parte, la explotación de los recursos hídricos del estado de México y después de Michoacán impulsó a la construcción de una serie de obras para captar las aguas de los manantiales que se encontraban al sur poniente de la zona metropolitana del Valle de México y los que alimentaban las ciénegas del Alto Lerma, este último con la construcción de un acueducto de 60 kilómetros desde Almoloya del Río en el estado de México hasta los tanques de Dolores en Chapultepec, en la Ciudad de México, con lo que iniciaría con ello el proyecto Lerma, el cual permitió una alternativa para los problemas de desabasto en el Valle de México, aunque no fue suficiente.

Para los años 70, en una segunda etapa, se construyó una red de 230 pozos profundos ubicados en el valle de Toluca y en las zonas de Ixtlahuaca y Jocotitlán para aumentar la disponibilidad de agua en la zona metropolitana.

Con el sistema Lerma se sustentaría décadas después el Sistema Cutzamala, iniciando con ello el trasvase o importación de agua de otras cuencas (primero la Cuenca de Lerma y posteriormente la Cuenca del Balsas). No obstante, la expansión urbano-industrial en el Valle de Toluca y Lerma generó cambios importantes, en particular en la transformación del paisaje rural y ambiental de su territorio.

Así, la nueva configuración territorial a nivel urbano se expresó desde los años sesenta en un proceso de metropolización del valle de Toluca, y el efecto fue doble, generando una mayor presión sobre los recursos naturales de los municipios del estado de México y por ende de Michoacán. ¿A qué derivó todo esto? A formular diferentes formas de apropiación del agua, suelo y bosques, que contrastaron e incluso nulificaron las formas tradicionales que existían en las sociedades rurales de la región.

El Sistema Cutzamala cubre 35 por ciento del total del consumo de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de México; pero resulta que, dentro de la infraestructura urbana de la megalópolis, más o menos 30 por ciento se pierde en fugas. Entonces se cae en el absurdo: se trae agua, se sacrifican regiones, ecosistemas, poblaciones y, por otro lado, dentro de la ciudad hay una red ineficiente donde hay muchas pérdidas de agua. Además, este sistema de abastecimiento por trasvase es muy insustentable en términos energéticos, implica gastos altísimos de energía eléctrica por el rebombeo de agua para salvar importantes desniveles topográficos.

Michoacán seco

El golpe para Michoacán es aún más fuerte, porque la entidad aporta cerca del 60 por ciento de los volúmenes de agua de la Cuenca del Balsas y 55 por ciento de la Cuenca del Lerma. La cantidad de agua que Michoacán aporta por medio del Sistema Cutzamala a la Ciudad y al estado de México es de aproximadamente veinte metros cúbicos por segundo (20m³/s).

Los efectos de la disminución de la cantidad de agua se están dejando ver en diferentes regiones del estado. Recientemente, agricultores de la región de Tierra Caliente, principalmente de Parácuaro y Apatzingán, han presentado los primeros indicios de conflictos entre propietarios por la disposición del agua. Los municipios de Tepalcatepec y Parácuaro, los cuales se abastecen de agua que proviene de la región alta de Uruapan, ya han mostrado altos índices de afectación por sequía.

En lo que se refiere a la capital michoacana, sufre los estragos por el mal aprovechamiento de las aguas subterráneas. De un total de 100 pozos existentes en la zona, al menos el 70 por ciento se encuentran abatidos o ha reducido significativamente su producción de agua, lo anterior derivado de la falta de un programa que permita la recuperación de los niveles de recarga.

Incluso, ante la escasez de la disponibilidad del agua, se han tenido que ampliar las excavaciones para sacarla, pasando de 200 metros que era el promedio de perforación, a más de 400 metros, lo cual es un reflejo del abatimiento de las reservas subterráneas.

La Mintzita, establecida como el manantial que dota de un 30 por ciento de las aguas del municipio, ha reducido su capacidad hasta en un 40 por ciento y según especialistas, de seguir la tendencia de degradación sería en menos de una década que el manantial podría desaparecer por completo, tal y como está sucediendo con la presa de Cointzio y los distintos lagos de la entidad.

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