Considera que aunque no existe esta ley, eso no es obstáculo para que el gobierno actúe a favor de la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado interno.
CIUDAD DE MÉXICO., 26 de mayo 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Congreso revisar la Ley General de Víctimas, con el fin de eliminar las restricciones que impiden al Estado reconocer a quienes padecen desplazamiento forzado interno.
De esa forma esas personas podrán acceder a los beneficios que la norma prevé para su protección y reparación integral del daño, señaló en el “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México”.
En dicho documento planteó al Congreso de la Unión analizar y discutir la posible elaboración de una ley general sobre este fenómeno, en la que se plasmen los derechos de las víctimas.
Que incluya, asimismo, los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate de esa irregularidad, así como las sanciones para quienes incumplan la ley, considerando el impacto económico.
La CNDH afirmó que aunque por el momento no existe esta ley, eso no es obstáculo para que el gobierno actúe a favor de la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado interno, pues se encuentran protegidas por el artículo 1 de la Constitución y por el deber de la autoridad de actuar con base en el principio pro persona.
Consideró importante que las autoridades competentes atiendan el problema de la protección de las propiedades de personas desplazadas y eviten su indebida apropiación, venta, destrucción o posesión por terceros.
Propuso reformas a la Ley General de Población para reconocer a los ciudadanos en situación de desplazamiento forzado interno y otorgar facultades, competencias y obligaciones al Consejo Nacional de Población (Conapo), para realizar diagnósticos, registros y otras acciones vinculadas con la detección de esta población.
Reconoció que no existe un diagnóstico nacional y oficial sobre esta realidad y consideró indispensable elaborar uno que abra las puertas al reconocimiento oficial de esa problemática.
Asimismo se requiere constituir una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, que aborden las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas de dicho fenómeno en el país.
Entre las acciones que debe tomar el Estado mexicano para la prevención y atención de los desplazados deben incluirse tareas específicas, que generen soluciones duraderas y los indicadores de evaluación correspondientes.
También medidas de asistencia legal y jurídica para la población desplazada, con el fin de garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.
Otra medida sugerida es establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de los habitantes desplazados a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.
En el documento, la CNDH consideró importante poner especial atención en la protección a los derechos de personas desplazadas en situación de vulnerabilidad, como niños, mujeres, adultos mayores e indígenas, así como periodistas y defensores de derechos humanos, los cuales presentan necesidades específicas de protección y orientación.
De igual manera, proteger a quienes por voluntad propia o por no tener otra opción se quedan en las comunidades abandonadas, sobre todo si se trata de adultos mayores, infantes y adolescentes.
Mencionó que las diferentes causas que provocan el desplazamiento forzado interno no son exclusivas de México.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al finalizar el año 2014 había 13.9 millones de personas en el mundo que se convirtieron en nuevos desalojados de sus lugares de origen, como consecuencia de la violencia generalizada, los conflictos o las violaciones de derechos humanos.
Eso significa que 42 mil 500 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas por esas razones durante ese año, lo cual implicó un crecimiento acelerado del desplazamiento forzado interno, alcanzando niveles sin precedentes, ha detallado el ACNUR.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acotó que el desplazamiento forzado interno de personas en México se ha generado por violencia, inseguridad, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, surgimiento de grupos de autodefensa y por la actividad periodística.
(Información Excélsior)
