Necesaria gobernabilidad en el estado, para potencializar ZEE: Mario Armando Mendoza
El diputado del PRI, recordó que el Congreso del Estado aprobó el marco legal para garantizar camine la ZEE, sin embargo, se requiere hacer valer en la entidad el Estado de Derecho.
Morelia; Michoacán, 30 de marzo de 2017.- El Gobierno Estatal debe garantizar condiciones de gobernabilidad en el estado, que permitan a los empresarios que determinen invertir en la entidad contar con la certeza de que se hace valer el Estado de Derecho para el uso de la infraestructura carretera como parte de su logística, afirmó el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación, Mario Armando Mendoza Guzmán.
El diputado señaló que el Congreso del Estado cumplió con la parte que le toca en materia de generación de un marco jurídico para el establecimiento de la Zona Económica Especial en el Puerto de Lázaro Cárdenas, y la trasferencia de la administración de la Isla del Cayacal y la Palma, a la federación que permita ofrecer un área con un gran potencial de desarrollo y ubicación geográfica estratégica como es el Puerto, esto para impulsar el desarrollo de toda la entidad.
Mendoza Guzmán refirió que es fundamental para el desarrollo de la entidad establecer un Estado de Derecho pleno y esto solo se logrará en la medida que la autoridad aplique la ley, más allá de intereses de grupo o particulares.
El diputado tricolor recordó que Michoacán lamentablemente en los últimos años ha padecido la toma de carreteras y vías de comunicación que han generado pérdidas económicas para los empresarios que invierten en Michoacán y generan empleo, por esta razón, expresó debe existir un compromiso firme del estado de garantizar que se aplicará la ley.
La entidad, refirió Mario Armando Mendoza, está en un punto de inflexión histórica, en donde el Puerto puede significar el despunte de nuestro estado en materia económica y generar empleos dignos y bien remunerados para las y los michoacanos, la tarea, admitió, no es sencilla, pero dio un voto de confianza en que las autoridades estatales, pongan su capacidad de operación política para resolver conflictos sociales y no escalen a niveles donde afecten al sector económico y a los ciudadanos
