Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022.- Tras destacar que la violencia en los estadios de futbol soccer en el país no es nueva y que no se ha hecho nada para resolver este problema, el senador Manuel Añorve Baños planteó reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para fortalecer a la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte. 

Lo ocurrido en el Estadio Corregidora de Querétaro no puede volver a ocurrir, pues lo que se vio es muestra clara de la falta de protocolos y de orientación legal para evitar este tipo de resultados. 

El senador del PRI calificó como injusto culpar solamente al Gobierno estatal, toda vez se trata de un caso trascendente y debe ser considerado de interés nacional, y por ello, debiera existir coordinación entre el gobierno federal, estatal, municipal y organizaciones civiles participantes.  

La Federación Mexicana de Futbol, los dueños de los equipos y la Comisión Nacional del Deporte, enfatizó, no pueden lavarse las manos; por lo que es necesario el trabajo conjunto para analizar lo ocurrido y buscar una respuesta.  

Por ello, Añorve Baños propuso que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Consejo Nacional de Protección Civil, participen en la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte. Además, que en esta Comisión puedan participar dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal y municipal. 

Asimismo, plantea que en los eventos deportivos de futbol soccer profesional, la Comisión emita lineamientos para la elaboración de planes y estrategias relativas a la seguridad, comodidad, organización interna y externa, cuerpos de atención de emergencias, servicio de policía, servicios de vigilancia privada con fines logísticos y lo demás que sea necesario, de acuerdo con la estructura, aforo y ubicación de los Estadios.  

Además, deberá, según su propuesta, fomentar la presencia y el acompañamiento de la policía estatal y municipal, para asegurar la convivencia y seguridad en los estadios, así como diseñar y promover los mecanismos necesarios para conformar y alimentar periódicamente un sistema de información que contenga los datos de las personas que han cometido o provocado actos violentos. 

La reforma fue turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda  

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