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Prometer no empobrece…

Quizá esta ocurrencia surgió por las maneras diferentes con las que candidatas y candidato se dirigieron a la ciudadanía y a los banqueros.

Por: Alejandro Sahuí/México Social

Después de atender a los dos debates presidenciales del Instituto Nacional Electoral, más la pasarela de las candidaturas en la 87ª Convención Bancaria celebrada en Acapulco, me vino a la mente un libro reciente de Sergio Ortiz Leroux, Democracia y capitalismo: entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Su hilo conductor son las relaciones entre gobiernos democráticos y mercados en distintos momentos de la historia, con sus particulares efectos en crecimiento, desarrollo y justicia social.

Quizá esta ocurrencia surgió por las maneras diferentes con las que candidatas y candidato se dirigieron a la ciudadanía y a los banqueros.

Ante la población general, los debates estuvieron marcados por graves acusaciones mutuas, más que por la presentación de propuestas claras y constructivas; sobre todo buscando golpes de efecto, no ayudar a la reflexión sobre las diferentes visiones de país. El tono, en cambio, frente al público asistente a la convención bancaria fue muy diferente. Se puede o no estar de acuerdo con las propuestas de Jorge Álvarez Máynez, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, pero no cabe negar que se tomaron en serio su preparación, con formalidad y apelando a una escucha inteligente, con ánimo de convencer y no solo de noquear al adversario.

Ortiz Leroux observa que hasta los ochentas existió un acuerdo acerca de la responsabilidad de los Estados sobre el desarrollo y el bienestar de la población, que legitimaba su poder de regular las relaciones económicas: propiedad, sistemas de intercambio, fiscalidad progresiva. Luego llegó el momento neoliberal que socavó los valores fundantes de dicho pacto, haciendo retroceder a los gobiernos en funciones antes tenidas por básicas: educación, salud, vivienda o seguridad. Si no interpreto mal, dicho cambio se puede interpretar como una inversión en el eje del poder de los Estados democráticos hacia los mercados, como retroceso de los fines de la política a favor del capital.

Lo que me inquieta de las tres candidaturas son sus posiciones en torno a una reforma fiscal. En ambos foros, pero enfáticamente ante los bancos, Gálvez y Sheinbaum expresaron que no la llevarán a cabo porque no hace falta. Álvarez Máynez señaló que es un asunto fundamental, pero apenas insinuó algo de impuestos verdes y a industrias como tabacaleras o de alimentos ultraprocesados. Nada de gravar riqueza, patrimonio, herencias o finanzas.

Llama la atención el silencio -deliberado o ignorante- sobre un tema de amplia discusión en lo global, reflejado en el éxito de ventas El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. Oxfam publicó el año pasado La ley del más rico. Gravar la riqueza para acabar con la desigualdad, y su filial en México, ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México, documentos que hacen constar la inequidad de la mayoría de los sistemas tributarios, gravísima en nuestro país por estar situado detrás de las economías de la región, ya ni siquiera en relación con la OCDE.

En el Estado constitucional, la ciudadanía como proyecto igualitario, exige tratar a las personas con la misma consideración y respeto; por parte de los gobiernos, pero también de los poderes fácticos y del capital. Si los debates presidenciales me causaron desasosiego e indignación, fue porque estuvieron por debajo de dicho ideal. En términos democráticos, porque apelaron a la ciudadanía en forma descortés, como audiencia sin inteligencia, no como a interlocutores pares como los bancos. En términos de derechos humanos y justicia, porque el desarrollo, el bienestar y el combate a la pobreza no son posibles con un modelo fiscal regresivo que carga más en quienes menos tienen. Se trata de la principal herramienta redistributiva.

Prometer no empobrece, es cierto, y algo de demagogia siempre es esperable en los discursos de campaña. Sin embargo, es importante que sea la política democrática y no la economía, el timón de las decisiones colectivas que afectan a las personas. De eso va el autogobierno y la soberanía popular. La ciudadanía no puede ser rehén en ciertos temas. De otro modo, cuando se sufra pobreza, marginación y exclusión se podría preferir atajos autoritarios, ante el olvido de los representantes. Los debates públicos son una oportunidad para construir democracias participativas y deliberativas, no se deben desperdiciar tratándolos como espectáculos.

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