Michoacán se encuentra en una encrucijada en materia de seguridad. Si bien se han logrado algunos avances, la violencia y la criminalidad siguen siendo problemas graves que afectan a la población.
Desde hace dos décadas, la entidad ha transitado por un conjunto de problemáticas económicas, políticas y sociales que, a su vez, se han transformado en situaciones más complejas de lo esperado, debido a las diversas violencias (políticas, criminales, de género, etc.) asociadas a la inseguridad y la injusticia.
Estas violencias se han expandido a todos los rincones geográficos y hacia la sociabilidad cotidiana, a un grado realmente incomprensible, tanto por la incidencia delictiva como por su letalidad. El grado y el significado de las violencias que vivimos actualmente nos ha paralizado por muchos momentos. Seguimos preguntándonos qué está pasando en nuestra sociedad desde el punto de vista del deterioro social y cuál es la respuesta de las autoridades.
Por otra parte, la proliferación de grupos civiles armados se ha convertido en un tema de preocupación internacional para organismos como la ONU, en la medida en que representan la imagen de naciones fragmentadas y violentas que no encuentran un punto medio entre seguridad y justicia. En México, policías comunitarias, grupos de autodefensa y grupos vigilantes discretamente armados crecieron expansivamente con la guerra a las drogas, la militarización y la inseguridad.
Actualmente, el estado es escenario de una disputa territorial entre diversos cárteles del narcotráfico, lo que genera enfrentamientos violentos y extorsiones y para enfrentarlos han crecido las autodefensas, grupos civiles armados que buscan proteger a sus comunidades porque es innegable la desconfianza en las instituciones obligadas a darles seguridad.
Frente a los grupos criminales, las fuerzas de seguridad pública se encuentran rebasadas y desmanteladas, lo que dificulta el combate a la delincuencia, mejor armada, protegida y sobre todo impune.
Una muestra de los desencuentros políticos en materia de seguridad lo ha sido la capital del estado, Morelia, que ha experimentado en los últimos años una serie de desafíos en este campo. La violencia y la criminalidad han impactado negativamente la vida de los ciudadanos, generando un clima de incertidumbre y temor.
Sin embargo, en los últimos meses se han observado algunos avances importantes. Las autoridades han implementado diversas estrategias para combatir la delincuencia, como el incremento de la presencia policial en las calles, la desarticulación de células criminales y una aparente coordinación con los tres niveles de gobierno.
- Las cifras hablan por sí mismas:
- Reducción del 67 por ciento en el robo a transeúnte.
- Disminución del 25 por ciento en el robo a casa habitación.
- Aumento del 48.5 por ciento en la percepción positiva del desempeño de la policía municipal (que no ha sido igual en la estatal).
- Incremento del 31.7 por ciento en la percepción de seguridad entre los ciudadanos.
Los esfuerzos para fortalecer la seguridad, al menos los que se anuncian, incluyen la implementación de un modelo de policía de proximidad; fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado; inversión en tecnología y equipamiento para las fuerzas de seguridad; promoción de la cultura de la denuncia, lo que no ha sido suficiente para superar retos como el combate a la extorsión, el desmantelamiento de grupos criminales y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
Lograr un Michoacán y Morelia seguros y pacíficos requiere del trabajo conjunto de las autoridades, la sociedad civil y las instituciones. Es fundamental promover el diálogo, la colaboración y la denuncia ciudadana para construir un entorno más seguro para todos, hasta alcanzar el fortalecimiento institucional, pues se requiere invertir en la capacitación y profesionalización de las policías, así como en la depuración de las mismas; tener una estrategia de seguridad que aborde las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades a la vez de privilegiar el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y los grupos de defensas para encontrar soluciones pacíficas a la problemática.
